Aviso judicial
Paula Armendáriz Miranda es candidata al doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Minnesota. Su trabajo se centra en la psicología política comparada. En concreto, en las raíces psicológicas del apoyo público a las formas de gobierno autoritarias. Ha contribuido con artículos para The Conversation y su trabajo también ha sido recientemente aceptado para su publicación en The Journal of Politics in Latin America. Correo electrónico: [email protected]
La literatura sobre política judicial ha asumido que la independencia judicial y la confianza en el poder judicial van de la mano. Basándome en la evidencia de Ecuador, muestro que la confianza y el apoyo de los ciudadanos al poder judicial pueden aumentar a pesar de la disminución de los niveles de independencia judicial, lo cual, según sostengo, está impulsado en gran medida por la aprobación de los ciudadanos al desempeño del ejecutivo en el cargo. Los presidentes populares envían señales a sus electores sobre cómo y por qué se debe confiar en el poder judicial, a pesar de sus defectos institucionales. Estos resultados abren la posibilidad de cuestionar si la confianza pública en el poder judicial se deriva necesariamente de la presencia de instituciones judiciales independientes.
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La corrupción sigue siendo un gran desafío en Ecuador, como lo demuestran los malos resultados del país en varios indicadores de gobernanza, como el Índice de Percepción de la Corrupción y los Indicadores Mundiales de Gobernanza. Aunque hay muy poca información sobre el género y la corrupción en Ecuador, hay algunos indicios de que la corrupción afecta a las mujeres en las zonas rurales. En un estudio de 2017, el 57% de las mujeres rurales encuestadas afirmaron haber sufrido extorsiones por parte de funcionarios públicos y que a muchas se les negaban servicios si se negaban a cumplir con las exigencias de sobornos.
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(Washington, DC) – Las autoridades ecuatorianas deben llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias creíbles de injerencia política en el poder judicial, señaló hoy Human Rights Watch. Las evidencias indican que funcionarios de alto nivel del gobierno del ex presidente Rafael Correa y del Consejo de la Judicatura han interferido en la resolución de casos que tocaban intereses gubernamentales, así como en la designación y remoción de jueces.
Un referéndum constitucional aprobado en febrero de 2018 otorgó a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, un organismo oficial que en teoría no depende de ninguna rama del gobierno, la autoridad para evaluar el desempeño de instituciones gubernamentales clave. El 4 de abril, el nuevo Consejo de Transición abrió una investigación que podría llevar a la destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, órgano encargado de nombrar y destituir a los jueces.
«Bajo el mandato de Correa, los funcionarios presionaron e intimidaron a los jueces, y despidieron a algunos que se enfrentaron a ellos», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. «El presidente Lenín Moreno ha insistido en que respeta la independencia judicial, pero para corregir las prácticas abusivas del pasado, debería reestructurar la maquinaria que permitía la interferencia política en el poder judicial.»
Notificación judicial
Las elecciones se celebran con regularidad, aunque persiste la preocupación por la politización del Consejo Nacional Electoral (CNE). Un gobierno de izquierdas gobierna el país desde 2007. Mientras que el ex presidente Rafael Correa impuso restricciones a los medios de comunicación y a la sociedad civil, la nueva administración del presidente Lenín Moreno ha comenzado a revertir las políticas represivas de la era de Correa. La administración, que llegó al poder en 2017, ha tomado medidas concretas para luchar contra la corrupción, reforzar la seguridad, eliminar las restricciones a la sociedad civil, fomentar la libertad de prensa y fortalecer la gobernanza democrática.
La Constitución de 2008 prevé un presidente elegido directamente, que puede ejercer hasta dos mandatos. El presidente tiene autoridad para disolver la legislatura, lo que desencadena nuevas elecciones tanto para la asamblea como para la presidencia.
En abril de 2017, Lenín Moreno, de la alianza Patria Orgullosa y Soberana (PAIS), ganó la segunda vuelta presidencial con el 51% de los votos, derrotando a Guillermo Lasso, de la alianza Creando Oportunidades-Sociedad Unida por Más Acción (CREO-SUMA), que obtuvo el 49%. Algunos observadores expresaron su preocupación por el uso de recursos estatales para producir materiales que favorecen a Moreno.
