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La seguridad social es un derecho humano económico, social y cultural garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En Ecuador, la Constitución de la República garantiza la seguridad social como un derecho del buen vivir y, para su protección, ha organizado un sistema de seguridad social público y universal, que no puede ser privatizado. Este sistema se fundamenta en los principios del sistema nacional de inclusión y equidad social1 y la obligatoriedad de la suficiencia, integración, solidaridad, participación2subsidiariedad (CRE, 2008). Asimismo, se gestionará con base en los criterios de sostenibilidad, eficiencia, rapidez y transparencia (CRE, 2008).
La misión de este sistema es proteger a la población de las contingencias a través del seguro universal obligatorio y sus regímenes especiales. El seguro universal obligatorio tiene como finalidad «cubrir las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, desempleo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y las que defina la ley» (CRE, 2008) a través de una entidad pública denominada Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
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La asistencia sanitaria está ampliamente disponible en Ecuador, pero la atención médica fuera de Quito, Guayaquil y Cuenca puede ser limitada, especialmente en las ciudades pequeñas, pero está mejorando. La atención médica en los hospitales públicos es gratuita. La atención médica privada está disponible, pero puede ser cara.
Si se viaja y/o se vive en Ecuador, es muy recomendable contratar un seguro médico. La nueva Ley de Movilidad 2017 exige un seguro médico privado o público para todos los residentes extranjeros, exigible desde noviembre de 2017. En caso de emergencias médicas, tanto de residentes como de turistas, se debe marcar el 911. El centro integrado de respuesta a emergencias ECU911 identificará el hospital más cercano disponible y activará el enlace correspondiente.
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LegislaturaAsamblea NacionalIndependencia- Declarada el 10 de agosto de 1809- de España 24 de mayo de 1822- de la Gran Colombia 13 de mayo de 1830- Reconocida por España 16 de febrero de 1840[6]- Admitida en las Naciones Unidas 21 de diciembre de 1945- Constitución vigente 28 de septiembre de 2008
Los territorios del actual Ecuador fueron el hogar de una variedad de grupos amerindios que se incorporaron gradualmente al Imperio Inca durante el siglo XV. El territorio fue colonizado por España durante el siglo XVI, alcanzando la independencia en 1820 como parte de la Gran Colombia, de la que surgió como estado soberano propio en 1830. El legado de ambos imperios se refleja en la diversidad étnica de la población ecuatoriana: la mayoría de sus 17,1 millones de habitantes son mestizos, seguidos de grandes minorías de descendientes de europeos, nativos americanos y africanos. El español es el idioma oficial y lo habla la mayoría de la población, aunque también se reconocen 13 lenguas nativas, entre ellas el quechua y el shuar.
El Estado soberano de Ecuador es una república democrática representativa de renta media y un país en vías de desarrollo[18] que depende en gran medida de las materias primas, concretamente del petróleo y de los productos agrícolas. Se gobierna como una república democrática presidencialista. El país es miembro fundador de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, del Mercosur, del PROSUR y del Movimiento de los No Alineados.
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Desde principios de siglo, y junto con el proceso de dolarización, el sistema tributario-prestacional en Ecuador ha experimentado numerosos cambios. Como parte de las reformas introducidas en 2008, el impuesto sobre la renta de las personas físicas se hizo más progresivo y la recaudación de impuestos se hizo más eficiente. La principal prestación de asistencia social en Ecuador, la Transferencia de Desarrollo Humano (TDH), también se ha hecho más generosa, ya que el pago mensual pasó de 30 USD a 35 USD en 2009, y luego a 50 USD desde 2013. En la última década, también se observó una disminución significativa de la desigualdad de ingresos, ya que el coeficiente de Gini se redujo de 55,1 en 2007 a 46,6 en 2016 (INEC, 2016).Desde la perspectiva de las políticas, es importante evaluar el papel redistributivo de los instrumentos fiscales-benéficos con el objetivo de mejorar su diseño para fortalecer la protección social en el país.
El análisis distributivo basado en ECUAMOD difiere de los estudios anteriores en varios aspectos. En primer lugar, ECUAMOD aplica sistemáticamente reglas de legislación para simular impuestos y prestaciones, basándose en la información disponible en los datos. Lustig (2017) utiliza los impuestos y beneficios reportados directamente en los datos, a menos que la información no esté disponible, en cuyo caso estos ingresos se infieren, predicen o imputan a partir de otras fuentes. CEPAL-IEF (2014) utiliza la información de beneficios de los datos pero imputa los impuestos directos. En segundo lugar, a diferencia de Lustig (2017), nuestra definición de ingreso de mercado no incluye la renta imputada, ya que este componente no es considerado en los cálculos de pobreza y desigualdad por la oficina nacional de estadísticas de Ecuador. Por último, para Ecuador Lustig (2017) incluye las transferencias en especie como el desayuno escolar gratuito, los libros de texto y los uniformes como parte de las transferencias directas (véase Llerena et al., 2015). Esta información se imputa de otras fuentes y no se incluye en nuestras simulaciones. Las diferencias entre nuestros resultados y los de estudios anteriores se deben a los factores mencionados.
