Pueblo indígena kichwa
A más de un año del levantamiento popular de octubre de 2019 en Ecuador, tanto las organizaciones sociales como el gobierno nacional promueven su propia interpretación de los hechos. Cómo se recordará el episodio está en debate: si como una rebelión contra un gobierno impopular o como una afrenta a la democracia.
Han surgido varios informes sobre la verdad y la justicia que ofrecen nuevas perspectivas sobre cómo vivirán las protestas del año pasado en la memoria. Entidades, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han recomendado al gobierno nacional que investigue a los responsables de la violencia. Otras, como el informe de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos integrada por socios como Frente Amazónico y Rebelión por la Extinción, arremeten contra el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno para reprimir a los manifestantes, escalando la situación en lugar de utilizar mecanismos para un diálogo nacional.
En octubre de 2019, el gobierno de Ecuador utilizó un decreto presidencial para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el recorte de los subsidios a los combustibles que llevan décadas. Las manifestaciones a gran escala envolvieron a Ecuador en octubre de 2019 como respuesta. La reacción comenzó con los trabajadores del sector del transporte y luego la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, o CONAIE, movilizando a sus bases y convergiendo en Quito. Obligaron al gobierno del presidente Lenín Moreno a trasladarse a Guayaquil mediante un decreto de estado de excepción. El país se paralizó durante casi dos semanas. Las negociaciones posteriores obligaron al gobierno nacional a dar marcha atrás en los recortes de los subsidios a los combustibles.
Wikipedia
Ecuador es una república constitucional multipartidista con un presidente elegido y una legislatura unicameral. En 2017, los votantes eligieron al presidente Lenin Moreno del partido gobernante Alianza PAIS (Patria Orgullosa y Soberana) y eligieron a los miembros de la Asamblea Nacional en unas elecciones que, en general, fueron libres y justas, lo que supuso un exitoso traspaso de poder democrático.
La Policía Nacional se encarga de la seguridad interna y de la aplicación de la ley, y está bajo la autoridad del Ministerio de Gobernación (antes Ministerio del Interior hasta el 1 de agosto). El ejército está bajo la supervisión del Ministerio de Defensa y es responsable de la seguridad exterior. La policía y el ejército comparten la responsabilidad de la vigilancia de las fronteras. Los funcionarios de inmigración son civiles y dependen del Ministerio de Gobernación. Las autoridades civiles mantienen un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.
Entre los problemas de derechos humanos más importantes se encuentran los informes sobre torturas y abusos por parte de agentes de policía y guardias de prisiones; las duras condiciones de las prisiones, que ponen en peligro la vida de los reclusos; la existencia de leyes de difamación penal; la violencia contra las mujeres; y el uso del trabajo infantil.
Sarayaku contra ecuador
En 2017, Sara, con 38 años y dos hijos, pensó que era demasiado mayor para volver a quedarse embarazada. Cuando empezó a sangrar abundantemente, acudió a un hospital público de Quito. Un médico le diagnosticó una infección del tracto urinario y anotó en su historial médico que la infección había provocado un aborto. Un nuevo médico en el siguiente turno se hizo cargo de su atención. Empezó a interrogar a Sara sobre la hemorragia, preguntándole si había tomado alguna píldora o había intentado abortar. El estado de Sara seguía siendo inestable y tenía mucha fiebre; el médico llamó a la policía.
Mientras seguía sangrando a causa de un procedimiento para extraer el tejido restante de su útero, Sara, desnuda salvo por una bata de hospital, y con unas pocas toallas sanitarias, fue llevada por la policía a una unidad de detención en medio de la noche y acusada de aborto con consentimiento, un delito según la ley ecuatoriana. A primera hora de la mañana, a Sara se le asignó un abogado de oficio, que le aconsejó que se declarara culpable a cambio de una sentencia más leve. A las pocas horas, se celebró la vista.
Corte interamericana de derechos humanos
Artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
La soberanía reside en el pueblo, cuya voluntad es la base de toda autoridad, y se ejerce a través de órganos públicos que utilizan formas de gobierno de participación directa, tal como lo establece la Constitución.
El español es la lengua oficial de Ecuador; el español, el kichwa y el shuar son lenguas oficiales para la interculturalidad. Las demás lenguas ancestrales son de uso oficial por los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que establezca la ley. El Estado respetará y fomentará su preservación y uso.
1. Garantizar sin discriminación alguna la vigencia de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, especialmente los derechos a la educación, salud, alimentación, seguridad social y agua para sus habitantes.
