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En esta página se ofrece información de interés público sobre las notas informativas emitidas por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), adscrita al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para garantizar la calidad, seguridad y eficacia, así como la correcta información de los medicamentos y productos sanitarios comercializados.
Acceda a esta página para acceder al contenido de "Sanidad en datos" recogido en el Sistema de Información Sanitaria que el Ministerio y las comunidades autónomas elaboran y mantienen conjuntamente desde 2004.
La interoperabilidad en España ya está en el mapa. Eso significa que si eres usuario del Sistema Nacional de Salud, tu historia clínica viaja contigo y puedes recibir tu tratamiento médico en cualquier farmacia de España. Esto es posible gracias al desarrollo de sistemas que soportan una tarjeta sanitaria válida en cualquier punto del Sistema Nacional de Salud, y a la puesta en común de la información clínica y la receta electrónica entre regiones. Obtenga más información aquí.

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La primera política específica en materia de discapacidad surge el 7 de abril de 1982 con la Ley de Integración Social de los Minusválidos, conocida como LISMI en España. Esta ley es una medida normativa que aplica la disposición constitucional y al mismo tiempo está en consonancia con el Programa de Acción de Naciones Unidas adoptado en ese mismo año (Jiménez &Huete, 2010). La LISMI puede considerarse como un referente pionero obligado para la legislación posterior que reconoce una serie de derechos sociales a las personas con discapacidad y establece criterios para calificarlos (Verdugo, Vicent, Campo y Jordán de Urríes, 2001). Sin embargo, la LISMI centra sus actuaciones en la prestación de una serie de servicios económicos y asistenciales para las personas con discapacidad consideradas individualmente necesitadas de protección por su discapacidad y, por tanto, actuando aún dentro del paradigma de la rehabilitación y no contempla intervenciones dirigidas a cambiar las condiciones sociales generales que dificultan la integración de las personas con discapacidad en la sociedad española (Toboso-Martín, 2013).
La ley obliga al sistema sanitario español a proporcionar una serie de servicios para garantizar la asistencia sanitaria a las personas con discapacidad. Un equipo multidisciplinar especializado se hace cargo de las personas con discapacidad y proporciona asistencia con el objetivo de permitir el servicio básico para una plena integración e inclusión en la sociedad. Este equipo está compuesto por profesionales de las áreas médicas específicas relacionadas con la discapacidad de la persona que requiere asistencia y por una variedad de profesionales socio-psicológicos que han recibido una formación específica en el campo de la discapacidad y se les pide que continúen su aprendizaje de acuerdo con los avances científicos. Para ello, las administraciones públicas establecerán programas de formación continua para todos los profesionales que operan en el sistema sanitario.

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Sí, esto está estipulado en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, establecido por el Decreto Supremo Nº 007-2016 / 23/06/2016 "2.2.". Adicionalmente, la Dirección General de Transporte Terrestre podrá ampliar la lista de restricciones a consignar, a solicitud del Ministerio de Salud. Dichas restricciones también deben constar, de ser el caso, en la Licencia de Conducir"
Por favor, facilite los datos de la sección responsable en su Ministerio de las licencias de conducir y de las adaptaciones de los vehículos para las personas con discapacidad. Por favor, incluya también cualquier sitio web que ofrezca detalles de la política nacional oficial.
En Perú existe el CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) que emite un carné en el que se establece el grado de discapacidad de una persona, para que sea reconocida oficialmente como tal.

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Los peruanos con discapacidad constituyen el 5,2% de la población. El 52,1% de las personas con discapacidad son mujeres. El 40,5% de los peruanos con discapacidad tiene estudios primarios o superiores. El 76,8% no son económicamente activos y tienen una tasa de desempleo del 12,1%. De los peruanos con discapacidad que sí trabajan, el 58,3% lo hace por cuenta propia[1].
En 2012, el grupo más numeroso de personas con discapacidad en el Perú fue el de las personas con problemas físicos, como la incapacidad de caminar o de usar los brazos o las piernas y que constituyeron el 59,2% del total de peruanos con discapacidad. El segundo grupo más grande (50,9%) experimentó algún tipo de discapacidad visual.[2] Alrededor del 88% de las personas con discapacidad en el Perú no reciben tratamiento o terapia para sus discapacidades.[3] Además, más del 81% de las personas con discapacidad en el Perú no sabían que había organizaciones que podían ayudarlos con su discapacidad.[4] Como informó The Guardian en 2016, el Perú tiene una de las brechas de empleo más altas para las personas con discapacidad en el mundo.[5]Los artículos 7, 16 y 23 de la Constitución de Perú abordan la discapacidad[7]. El artículo 7 establece que las personas tienen derecho a la protección de la salud y, si no pueden valerse por sí mismas, tienen derecho a la atención, la rehabilitación, la seguridad y el respeto[7]. Los artículos 16 y 23 abordan los derechos de las personas con discapacidad a tener acceso a la educación y al empleo, respectivamente[7].